A la estela de Cádiz

En el políticamente tormentoso período de la historia de España abierto por la sucesión de Fernando VII, los ojos de los liberales se volvieron de nuevo hacia la Constitución gaditana, dos veces aplastada por el absolutismo triunfante. Se restableció en 1836, pero para entonces habían comenzado a producirse, por vía reglamentaria más que legislativa, cambios profundos que afectaban y condicionaban a la administración y a la justicia. Hay cierta provisionalidad en este restablecimiento constitucional, y al convocarse elecciones a Cortes ese mismo año, se previó el pronunciamiento de éstas “acerca de la Constitución que ha de regir” la Nación.

Dicho pronunciamiento se produjo, generándose en realidad una Constitución nueva, la de 1837, que sin embargo seguía diciendo de sí misma en su preámbulo que era “revisión” de la de 1812. La huella que había dejado la ley fundamental gaditana era profunda, y siguió marcando la historia constitucional española. Muy semejante a la de 1837 fue la Constitución que la sustituyó en 1845, que de hecho se presentaba como “modificación” o mera revisión de la anterior, y cuyo preámbulo quiso expresamente enlazar con un motivo que no era tampoco ajeno al constitucionalismo gaditano: el de la recuperación de “los antiguos fueros y libertades de estos Reinos”. Cádiz alargaba constitucionalmente su sombra hasta que otra revolución, la llamada “Gloriosa”, marcó en 1868 un nuevo rumbo al constitucionalismo en España.